Más de 2.500 pozos de extracción de agua amenazan la conservación del Parque Nacional y Natural de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa. La cifra es oficial y figura en el Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial de Ordenación en el ámbito de Doñana, en vigor desde 2014. Al menos 852 de estos pozos son ilegales, según el borrador elaborado en 2010 que sirvió como avance para la redacción del Plan y al que EL MUNDO ha tenido acceso. Los informes de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) aportan cifras superiores: más de 1.700 balsas de acumulación de agua y más de 1.000 pozos no autorizados.
La Justicia ha puesto ya el foco en este asunto, que supone una amenaza para el espacio protegido. Un juzgado de la localidad onubense de La Palma del Condado ha procesado este verano al exconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas; y a dos exalcaldes de Almonte -uno del PSOE y otro del PP-, por consentir un uso indebido del agua en Doñana a pesar de tener conocimiento de que los pozos carecían de autorización.
El conteo de pozos ilegales que recoge el borrador no se trasladó a la versión definitiva, por motivos que se desconocen. El organismo competente para el registro de estos pozos es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). Sin embargo, se ha negado a facilitar los datos en los repetidos intentos realizados por este periódico, incluyendo solicitudes de acceso a la información pública en virtud de la Ley de Transparencia. El Ministerio tampoco ha aportado la cifra total de pozos y ha remitido a una respuesta parlamentaria que no incluye la información solicitada.
El último Informe sobre el Estado de los Acuíferos, elaborado y publicado este año por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, indica que los niveles de agua subterránea siguen bajando de forma alarmante, siendo "inferior al que cabría esperar por la pluviometría". La situación es de "prealerta" y las conclusiones reconocen que con esta tendencia descendente "se comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que dependen de él".
Lo confirma el vicedirector de la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola: "El principal problema que tiene Doñana es el agua. Y reducir la explotación del acuífero contribuiría a solucionarlo parcial o totalmente".
Uso prohibido del suelo
El agua no es el único frente abierto en Doñana. La agricultura intensiva de regadío ha propiciado además la instalación de cultivos en suelo destinado a uso forestal, algo que está prohibido. En lugar de poner fin a esta situación, las ayudas concedidas durante años por la Junta de Andalucía a agricultores que emplean estas prácticas han incentivado su continuidad en el tiempo.
El Plan Especial de Ordenación detectó la existencia de unas 3.000 hectáreasdonde se instalaron cultivos de regadío en terreno forestal, repartidas entre cinco municipios de la comarca de El Condado de Huelva: Bonares, Rociana del Condado, Almonte, Moguer y Lucena del Puerto. En Lucena, un 91% de la superficie cultivada se transformó de forma irregular. Una vez más, los datos figuran en el borrador pero desaparecen en el documento definitivo.
La finca de Joaquín está situada en Lucena del Puerto. No cultiva las características fresas de la zona pero sí arándanos, frambuesas y moras. Todo de forma ecológica y en un terreno de cinco hectáreas, pocas en comparación a las de grandes explotaciones, que llegan a rondar las 500. Reconoce que tiene pozos ilegales para regar sus cultivos, al igual que otros agricultores de la zona, y por temor a represalias prefiere no revelar sus apellidos.
"Basándose en una foto hecha en junio de 2004, dos hectáreas y media -de las cinco que posee- me las han puesto de secano y las otras dos y media como forestal. Por tanto actualmente estaría incumpliendo la ley y me quedaría sin nada aquí", relata con pesar.
Sin embargo, ello no impidió que recibiera ayudas económicas, algo que a este agricultor le hace pensar que la Junta ha incentivado la agricultura con subvenciones para posteriormente responsabilizar a los agricultores de los problemas ambientales que sufre Doñana. "La Junta lleva muchos años dando ayudas para la compra de invernaderos, plásticos, tractores, maquinaria agrícola, sistemas de riego y tuberías", asevera.
